| Esther Fontán, presidenta y portavoz de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico |
El congreso canario de fisioterapia, del que hablamos en la anterior entrada, cerró en su primera jornada con una mesa redonda dedicada al intrusismo. Fue un momento destacable del evento por varias razones,… mejor recordemos lo sucedido.
Carmen Azpeitia, como representante de la Administración, resumió los trámites y demás menesteres burocráticos relacionados con las altas, inspecciones de centros, denuncias,… haciendo especial mención a un caso recientemente resuelto de un centro que administraba hormona de crecimiento a niños, al parecer sin mucho soporte médico-legal. Daba la impresión de que desde la Administración las cosas se estaban haciendo bien, aunque los derroteros fueron cambiando conforme participaron el resto de oradores, y la ilusión de una eficiente Administración se fue diluyendo hacia la insuficiente e ineficiente, lenta y farragosa, en ocasiones caprichosa, Administración a la que todos estamos acostumbrados.
José Ramón Lastres, abogado muy cercano a los colectivos de fisioterapia, tomó el relevo y habló de la situación legal del intrusismo en España. Sin maquillaje, sin embriagar el mensaje mediante tecnicismos legales, nos dejó a todos helados con la pura realidad: ante el intrusismo, ajo y agua. Salvo las contadas ocasiones en las que la alarma social o las lesiones asociadas obligan a mojarse a los diferentes estamentos, nuestra querida jurisprudencia nos tiene desamparados. Como mucho, alguna multa de 1800€ en casos especialmente descarados, y como norma, ni una regañina de “eso no se hace”.
Y para cerrar la mesa, pasó el turno a Esther Fontán, presidenta de la Asociación de Afectados de Intrusismo Médico, y damnificada por la actuación de un individuo que decidió fotocopiar un sinfín de títulos (osteopatía, neurocirugía, traumatología, vamos de sanitario universal) y conseguir con sus manipulaciones provocarle una mielopatía que dejó a Esther sin control de sus piernas. La narración del caso fue estremecedora, y la acusación a la Administración por su parsimonia, directa y bien justificada. Para cuando se tomaron acciones, creí entender que se le acusaba de muchos delitos de lesiones y dos homicidios, y aunque los jueces mandaron al personaje en cuestión a la cárcel, la magnificencia de nuestro sistema penal lo dejó en unos veinte días fuera y dispuesto a seguir operando, manipulando y administrando sustancias variadas a sus imprudentes aunque inocentes clientes.
La propia Esther y su asociación se vieron obligados a buscar dónde de nuestra España se había escondido el intruso, que por supuesto continuó con sus actividades “sanitarias”,… y la historia así continuó, con Mercedes Milá incluída metiendo la cámara en los aposentos del intruso.
Prefiero dejaros remisión a su blog Radiografía de una Pesadilla, donde podéis leer toda la barbarie de historia al completo.
Conclusión rápida: estafadores los hubo, hay y habrá, y dado el escudo administrativo-legal que tenemos para protegernos (véase ninguno) está en la mano de cada uno, cuando acude a algún profesional, el asegurarse de que lo sea, cumpliendo las exigencias académicas y de colegiación.
